OBLIGACIONES MONETARIAS, CREACION DE LA UNIDAD DE CUENTA ESTABLE Y REACTIVACION DE LA ECONOMIA:

El proyecto presentado por el Diputado Nacional Eduardo Conesa propone la implementación de un sistema monetario similar al chileno y consistente con el desarrollo económico del país, la promoción del ahorro y la inversión dentro de sus fronteras, evitando la fuga de capitales e incentivando la vuelta del capital fugado.

 

Se parte de una idea muy simple: si un ahorrista hace un depósito a plazo fijo en pesos a más de tres meses en un banco, el depósito en cuestión queda automáticamente indexado con el índice del costo de la vida y, de esta manera, queda protegido contra la inflación. Además permite a su titular ganar un módico interés.

 

Esta Ley permitirá desarrollar un gran mercado de capitales que será la base para la financiación a largo plazo de la construcción de viviendas y la realización de inversión por parte de ciento de miles de Pymes, que a su vez generarán nuevos puestos de trabajo.

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MODERNIZACION, EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DEL ESTADO:

El Proyecto de Ley presentado sobre la modernización, eficiencia y transparencia del Estado hace hincapié en la necesidad de reglamentar el poder de nombrar funcionarios y empleados en la administración pública. Se busca dar vigencia al principio de idoneidad establecido en el Artículo 16 de la Constitución Nacional, para lo cual se crea una Comisión Nacional del Servicio Civil bajo la jurisdicción del Congreso que será el responsable de tomar los exámenes para el ingreso a la administración pública. El Poder Ejecutivo solamente podrá nombrar funcionarios y empleados que cuenten con el correspondiente certificado de idoneidad. Además el proyecto reglamenta de manera rigurosa la carrera administrativa siguiendo los lineamientos vigentes en los países más avanzados.

 

Este proyecto de ley parte de la premisa de que la persecución judicial de los corruptos mediante el código penal ayuda parcialmente a combatir la corrupción, pero que la forma mas eficaz de hacerlo es a través de una ley que estimule la competencia entre los funcionarios públicos para ascender dentro de la carrera administrativa. También, la transparencia de las decisiones administrativas y el ingreso a la administración fundado en exámenes que garanticen la idoneidad.

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